Maquillaje fiscal 5f5su

Nosotros, en España y tal vez en Europa, y no lo sé si en el mundo, representamos la moralidad pública.

No aceptamos ningún sistema político que no respete esa moralidad.

¿En España hay moralidad? ¿Nos pedís que no prediquemos la abstención porque no sirve para nada? Pues que no sirva, pues que no hablamos nunca política, pero jamás aceptaremos ser inmorales.

Y en España es inmoral todo el que vota, sea el que sea.

No hay izquierda posible sin moralidad.

Y toda la izquierda hoy, la que se llama izquierda, no tiene moralidad.

¡Son oportunistas! ¿Se llaman de izquierda por qué? Porque no saben cómo destacarse de los demás y llamar la atención.

Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente.

La radio del MCRC.

El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional.

Dado por Antonio García Trinijano.

La lucha por el derecho.

Con Pedro Manuel González.

El nuevo proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no es, como pretenden sus artífices, una simple modernización, una adaptación a los nuevos tiempos.

Es, en esencia, la puntilla a la ya inexistente independencia del Ministerio Fiscal, cuyo sometimiento al Ejecutivo lleva años intensificándose y que con esta reforma ya se convierte, sin tapujos, en el brazo ejecutor de la voluntad política del Gobierno de turno en la justicia.

Su impulso, el impulso de esta reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, de su Estatuto Orgánico, obedece a dos razones.

Primera son las exigencias europeas ante la resaca de los escándalos judiciales que afectan directamente al Fiscal General del Estado, que es absolutamente inocultable.

Y, en segundo lugar, el necesario maquillaje para aparentar independencia en la pretensión última de entregar la instrucción penal a la Fiscalía y tener así el control absoluto sobre las causas criminales.

Sin embargo, se trata, en realidad, del maquillaje de un cadáver para aparentar una vida que ya se apagó y que se va a enterrar ahora, definitivamente.

Los defensores del proyecto alegan que la reforma otorga una mayor autonomía a la Fiscalía.

Nada más lejos de la realidad, basta con leer su texto.

Se trata de una trampa semántica.

La pretendida autonomía no es tal si el Fiscal General del Estado sigue siendo nombrado por el Gobierno, que es lo que así ocurre.

Desvincular un año del ciclo político su mandato, que es a lo que se limita la reforma, es ridículo si la instrucción de los procedimientos sigue dependiendo jerárquicamente de esa figura, que es a lo que miran las miras finales de esta reforma del Estatuto Orgánico, la entrega a la Fiscalía de la instrucción penal.

La independencia no se proclama.

La independencia se garantiza estructuralmente.

Y lo cierto es que esta reforma no hace sino profundizar en una estructura piramidal, altamente centralizada y por tanto vulnerable al control político de quien nombra su cúspide al Fiscal General del Estado, que no es sino el Ejecutivo.

Uno de los aspectos más preocupantes es el debilitamiento de los órganos internos de control de la propia Fiscalía, de la vida fiscal diaria.

El Consejo Fiscal, ya de por sí con funciones meramente consultivas, pierde ahora cualquier peso que tuviera antes, mientras se refuerza la figura, la capacidad del Fiscal General del Estado para dictar instrucciones vinculantes sin ningún tipo de contrapeso.

¿Acaso no hemos aprendido nada del uso partidista de la Fiscalía en los casos más recientes de corrupción, de seccionismo o de politización de la justicia? Lejos de corregir esas derivas, el proyecto lo que hace ahora es institucionalizarlas, y todo, como digo, con miras a la entrega de la instrucción penal a los fiscales.

Otro de los ejes del proyecto es la defensa de la unidad de actuación que se consagra, que se refuerza del Ministerio Fiscal bajo las órdenes del Fiscal General del Estado.

Bajo esta consigna se justifica el reforzamiento de la disciplina jerárquica, ya de por sí férrea hasta este momento.

Pero en la práctica esta unidad implicará en realidad una ineludible uniformidad impuesta desde arriba.

Se margina la discrecionalidad técnica, que era la única que quedaba, de los fiscales en favor de la obediencia institucional.

Se sacrifica así el criterio profesional independiente al altar de la competencia.