La justicia estadounidense tumba los aranceles de Trump idw

La justicia estadounidense tumba el plan de aranceles masivos de Donald Trump ¿Por qué motivos lo ha hecho y cuáles pueden ser las consecuencias de esta histórica sentencia? Veámoslo.

La sección octava del artículo primero de la Constitución estadounidense establece con mucha claridad que el Congreso de los Estados Unidos tendrá la facultad para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, es decir, que la potestad para establecer aranceles a naciones extranjeras reside en el poder legislativo de los Estados Unidos y no en el poder ejecutivo.

Por consiguiente, y al menos en principio según la Constitución, el gobierno de los Estados Unidos no debería tener capacidad jurídica para establecer por sí solo aranceles contra las importaciones desde países extranjeros.

El gobierno, a lo sumo, debería proponerle al Congreso que aprobara determinados aranceles.

Pero la competencia para aprobarlos o rechazarlos debería residir, en todo caso, dentro del Congreso.

Por desgracia, desde el año 1977 se halla en vigor la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional, una ley mediante la cual el Congreso delega en el poder ejecutivo la facultad de establecer aranceles ante emergencias internacionales.

Es decir, que si hay algún suceso global muy grave y para no perder el tiempo en la tramitación legislativa de un nuevo arancel, se otorga al poder ejecutivo, de manera extraordinaria, la capacidad para declarar la emergencia nacional y acto seguido establecer aranceles que sean funcionales, que sean instrumentales para la resolución o para contrarrestar esa emergencia internacional.

Por supuesto, ya os podéis imaginar que esto ha sido un absoluto coladero para que el poder ejecutivo pueda fijar arbitrariamente aranceles contra el resto del mundo, escudándose en cualquier emergencia nacional que tenga a bien haber declarado previamente.

Vamos, que todos los presidentes de los Estados Unidos desde Jimmy Carter en 1977 han utilizado en ocasiones esta ley para poder aprobar aranceles contra el resto del mundo sin pasar por el Congreso.

Ahora bien, lo que ha hecho Donald Trump en los últimos meses para poder aprobar aranceles masivos contra el resto del mundo sin pasar por el Congreso ha resultado especialmente exagerado y burlesco para los propios tribunales estadounidenses.

Y es que Donald Trump se ha arrogado poderes extraordinarios para establecer aranceles extraordinarios contra Canadá, contra México o contra China, o aranceles recíprocos contra todos los otros países del mundo, calculados esos aranceles recíprocos a través de una metodología muy tramposa que no reflejaba en absoluto el arancel que el resto de países cobraban a los Estados Unidos, Donald Trump ha podido establecer todos estos aranceles desde el poder ejecutivo y sin pasar por el legislativo declarando dos emergencias nacionales un tanto forzadas.

La primera ha sido la emergencia nacional contra el fentanilo, que desde luego es un problema social muy grave dentro de los Estados Unidos, pero que claramente constituye una excusa para declarar la guerra comercial a China, a Canadá y a México.

Mucho peor, eso sí, fue la segunda declaración de emergencia nacional de Donald Trump.

Emergencia nacional por déficit comercial.

Según Trump, el déficit comercial persistente que los Estados Unidos mantenían con el resto del mundo ponían en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y, por tanto, se justificaba una respuesta rápida en forma de elevación arancelaria contra todos los demás países del mundo.

Como digo, estas declaraciones de emergencia nacional son claramente fraudulentas.

No porque el fentanilo o incluso el déficit comercial no puedan ser problemas sociales y económicos graves para los Estados Unidos, sino porque si se quiere articular una política proteccionista como estrategia para contrarrestar esos problemas, no hay ninguna excusa temporal para no tramitar esos aranceles a través del Congreso de los Estados Unidos, que es, según la Constitución de esa nación, quien tiene las competencias exclusivas para regular ese problema.