RESPUESTA AL PADRE TEODORO 63v49

Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un asunto que, bueno, está generando bastante debate en España.

Sí. Hablamos de la intervención de los servicios sociales cuando retiran la tutela de menores a sus familias. Un tema muy delicado.

Muy delicado, sí. Y tenemos sobre la mesa dos visiones pues radicalmente opuestas.

Exacto. Por un lado, están las denuncias del padre Teodoro, que habla de una supuesta trama institucional.

Muy fuerte.

Y por el otro, las respuestas de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, juristas, que defienden el sistema.

Nuestra idea hoy es, pues, analizar los argumentos de cada parte.

Eso es. Sin tomar partido, solo exponiendo lo que dicen las fuentes que hemos consultado, para entender la complejidad de esto.

Pues si te parece, empezamos por las acusaciones del padre Teodoro.

Adelante.

Su tesis principal es, bueno, es muy grave. Habla de una mafia institucionalizada. Dice que se originó en Valencia, pero que ahora está por toda España.

Una mafia. ¿Con qué objetivo, según él? Pues afirma que retiran niños sin justificación real, usando informes que él tacha de falsos.

Y que detrás hay, bueno, intereses económicos. Incluso lo vincula con la famosa Agenda 2030.

Ya veo. Y da cifras, ¿no? Creo que habla de muchísimos niños.

Sí, sí. Menciona más de 70.000 menores retirados. Dice que le llegan muchísimas peticiones de ayuda, ¿eh? Incluso de familias de clase media, no solo en situación de exclusión.

Y ahí entra el tema económico que decías. Es una acusación, bueno, bastante explosiva.

Tremenda. Denuncia que se reciben, según él, 70.000 euros por cada niño retirado.

Y además, entre 4.000 y 10.000 euros al mes, dependiendo si el niño tiene alguna discapacidad.

Madre mía.

Lo llama directamente mentira y lucro. Dice textualmente que se lo queda en ellos.

O sea, acusa de malversación, básicamente. ¿Y qué dice del papel de los jueces en todo esto? Pues es muy crítico. Afirma que los jueces aquí ya no pintan nada, que son como marionetas.

Vaya.

Llega a decir que una simple asistente social manda más que un juez. Y otra cosa que denuncia es el tema de los informes.

Los informes técnicos.

Sí. Asegura que son plantillas, que se usan las mismas palabras para justificar retiradas en casos distintos. Como si fuera un corta y pega.

Describe una situación de mucho dolor para las familias, claro.

Muchísimo. Pone ejemplos como una madre a la que le quitaron seis hijos advierte que hay mucha tensión social, que esto va a explotar.

E incluso menciona un incidente muy trágico. Dice que niños tutelados mataron a esa asistente social. También apunta a que afecta mucho a madres migrantes de Ecuador, de Colombia.

Insinuando quizá un sesgo.

Podría interpretarse así, sí. Y su mensaje final es un llamado a la lucha directa.

¿En qué sentido? Pues dice que hay que unirse y luchar, sea como sea, a capa, a espada, a muerte se hace falta. Y tiene una frase clave.

¿Cuál? Los niños no se tocan. Nunca se debieron de tocar. Y nunca se deben tocar.

Vale, es una postura muy contundente, muy grave. Ahora, ¿qué responden los profesionales a todo esto? Me imagino que la visión será muy distinta.

Totalmente distinta. Niegan la existencia de esa trama de forma rotunda, categórica.

¿Y en qué basan esa negativa? Pues en la legalidad y los procedimientos. Insisten en que todas las intervenciones se rigen por leyes. Mencionan específicamente la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la de 1996. Explican que esa ley y los protocolos que existen son garantistas, o sea que están hechos para proteger los derechos de todos, con controles, y siempre, con supervisión judicial y buscando el interés del menor.

Entonces, sobre eso de que los jueces son marionetas, ¿cómo funciona realmente el proceso según ellos? A ver, lo que explican es que cualquier retirada de un niño, salvo una urgencia muy puntual y breve, necesita autorización de un juez. Sí o sí. Y recalcan que los jueces no deciden a la ligera ni basándose en un solo papel. Tienen en cuenta muchas pruebas, informes de distintos profesionales, psicólogos, médicos, educadores… un enfoque multidisciplinar.

O sea que la decisión judicial es informada y contrastada.

Exacto. Por eso califican la idea de los jueces manipulados como falsa e irresponsable.

Y lo de los informes plantilla. ¿Qué dicen de eso? Pues lo rechazan de plano. Argumentan que los informes técnicos tienen que cumplir criterios muy rigurosos, técnicos, éticos, y que además un juez puede revisarlos y cuestionarlos.

Decir que son plantillas, para ellos, atenta contra la profesionalidad de muchísima gente.

Mencionan casos donde un buen informe psicológico ha sido clave para proteger a un niño.

Entendido. Y el argumento económico, esos 70.000 euros, las mensualidades.

Lo tachan de falaz y sin fundamento. Dicen que esas cifras son infundadas.

¿Y cuál es la explicación que dan ellos a los costes? Explican que los centros educativos