3. LA COMISIÓN POR OMISIÓN Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 2l1h4c

Bienvenidos a otro episodio de La Clave Penal. Hoy vamos a abordar un concepto fascinante y
crucial en el derecho penal, la comisión por omisión y su relación con el principio de legalidad.
¿Es posible que una persona sea responsable penalmente por no actuar? ¿Hasta qué punto
la omisión de un deber puede considerarse tan grave como una acción activa? Acompáñenme
mientras analizamos cómo se imputa responsabilidad en estos casos tan complejos.
Soy Roberto Cruz Palmera y hoy exploraremos cómo el derecho penal maneja la cuestión de la omisión
y la atribución de los resultados en el contexto de un principio fundamental, la legalidad.
Para entender la comisión por omisión, primero tenemos que desentrañar qué significa realmente.
En términos simples, hablamos de una situación en la que una persona no realiza una acción que
tenía la obligación de llevar a cabo y como consecuencia de esa inacción se produce un
daño o resultado negativo. Imaginemos, por ejemplo, a una madre que no alimenta a su hijo recién nacido.
Aunque no haya actuado de manera directa, su omisión de cumplir con su deber de alimentar
al niño puede llevar a consecuencias fatales como la muerte. Ostenta la posición de garante.
Esta clase de ejemplos se conoce como delitos de comisión por omisión. Se comete por omitir.
Pero aquí surge una cuestión fundamental. ¿Cómo se determina cuándo una omisión puede
considerarse como una acción activa? En el derecho penal, para que se pueda atribuir la
responsabilidad penal a alguien por omisión, debe existir un deber jurídico de actuar. Este deber
puede surgir de diversas circunstancias. Una relación especial con la víctima, una obligación
legal o contractual, o incluso la creación de un riesgo por parte del sujeto. Por ejemplo,
en el derecho penal español, si el profesor de natación el primer día de clase deja con
conocimiento el peligro que el niño se ahogue, realiza un delito doloso de homicidio en la
modalidad de comisión por omisión. Es esencial que exista una base legal clara para que la omisión
sea sancionada. Esto se vincula directamente con el principio de legalidad, uno de los principios
más importantes en derecho penal. Este principio nos dice que ninguna persona puede ser castigada
sin una norma que lo prevé explícitamente. Es decir, no basta con que alguien haya omitido
actuar en una situación específica. Debe estar claro en la ley que dicha omisión constituye un
delito. El principio de legalidad busca garantizar que las leyes sean claras y específicas para que
las personas sepan cuándo están en riesgo de ser penalmente responsables. En España,
el Código Penal introduce la Cláusula de Correspondencia en su artículo 11, que establece
que, en los delitos de resultado, una omisión puede ser tratada de la misma manera que una
acción activa. Esto permite que, bajo determinadas circunstancias, la omisión de un resultado sea
considerada igual a la acción directa que lo produce. Pero hay un elemento clave. Esta equivalencia
solo puede aplicarse si existe un deber jurídico especial de actuar, que puede ser legal o
contractual, o si la omisión resulta de una acción que crea un riesgo. Sin embargo, la aplicación de
la Cláusula de Correspondencia no siempre es clara. Es aquí donde surge la controversia.
Si bien la ley proporciona ciertas bases, el problema está en determinar cuándo una omisión
debe ser considerada igual a una acción activa. ¿Cuándo se puede decir que la omisión equivale
a causar directamente el daño? ¿Es suficiente con que exista un deber de actuar, o es necesario
un contexto mucho más detallado para que la omisión sea verdaderamente equiparable a una acción?
En resumen, la comisión por omisión y su relación con el principio de legalidad plantea una cuestión
delicada en derecho penal. Para que una omisión se considere tan grave como una acción, debe
existir un deber jurídico claro de actuar, y ese deber debe estar expresamente contemplado en la
ley. La Cláusula de Correspondencia que introduce el Código Penal Español busca resolver este
problema, pero como hemos visto, la interpretación de la equivalencia entre omisión y acción no
siempre es fácil de aplicar. El principio de legalidad, que exige claridad y precisión en
las normas, juega un papel fundamental para garantizar que nadie sea castigado sin que
exista una base legal clara que lo justifique. Con esto se concluye nuestro episodio de hoy.
Gracias y hasta la próxima.